Carlos Ferreres
Director del Departamento de Discapacidad de la CTA
Hace pocos días la Legislatura porteña votó la Ley 3230/09 que prorroga la aplicación de la ley del cupo de 5% para trabajadores con discapacidad desocupados.
Esto constituye un cachetazo a miles de compañeros inscriptos en el registro de aspirantes y a otros miles y miles que ignoran ese derecho o que no pueden llegar hasta el registro. Agrede además a los que todavía no pudieron acceder al certificado de discapacidad.
Es una medida brutal porque posterga a uno de los los colectivos más necesitados y relegados por el sistema que exige políticas públicas activas. Pero como se ve, en vez de garantizar sus derechos, se lo prorroga.
Esta medida tiene tufo a corporación política sobreviviente y trasvestida del 2001. Repudiamos a quienes la impulsaron y a quienes votaron a favor, que fueron gobierno u oposición en los últimos años en la Capital Federal.
Da bronca que los autoproclamados “progres” o de centroizquierda que dicen representar al pueblo, hayan votado alegremente junto a la derecha más recalcitrante esta medida proscriptiva con los discapacitados.
Estaban concientes de lo que hacían. Sabían lo falaz de los argumentos esgrimidos y la carencia ética y moral del proyecto que sigue castigando a la población de trabajadores discapacitados.
Hay que ser claros: No es contra los discapacitados especialmente. Esta ley se enmarca en una política de ajuste que se comprueba en el Presupuesto 2010 presentado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estos diputados le dieron el voto a Macri en muchas leyes turbias. La corporación vende, alquila, permuta sus votos.
Nuestra Central porteña marchó el día 5 de noviembre para reclamar y expresar que no puede haber un presupuesto construido en una ciudad para todos, cuando lo que el Gobierno de la ciudad manda es un presupuesto para pocos, un presupuesto restringido a los planes sociales, a los planes de vivienda, a lo que hace a la salud, la niñez y la educación.
Tenemos distintas prioridades con el Jefe de Gobierno y con todo su gabinete. Para la CTA y para el pueblo de esta ciudad, las prioridades son educación, vivienda, salud y trabajo. Allí es donde este gobierno golpea con mayor violencia y descarga todo su prepotencia y presume que nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Este proyecto de ciudad necesita cómplices dentro de la Legislatura. Y están aquellos que hacen discursos progresistas, que dicen tener un compromiso con la ciudad, pero que les vienen votando las leyes a Macri sin chistar.
A esta ley nosotros la vemos desde una perspectiva política. Estamos en un sistema en cuya matriz está la exclusión, la expulsión hacia los márgenes de la sociedad de aquellos a los que se considera no productivos. Es decir, los viejos, los niños, las personas con discapacidad, los migrantes, entre otros. A los que les quebrantaron la salud por superexplotación, por las condiciones laborales o porque manipulan agrotóxicos.
En consecuencia entendemos que esta lucha debe llevarse adelante junto al resto de la clase trabajadora y de las organizaciones sociales.
Debemos mostrarnos y robustecer el espacio que la CTA abrió hace años para trazar una política de la problemática de discapacidad, con el objetivo de accionar por los derechos de los trabajadores discapacitados, cualquiera sea su condición laboral (contratado, precarizado) junto al resto de la clase. Y convocar y articular con las ongs. tradicionales de discapacidad.
Por supuesto que éste es un tema gravitante para plantearlo en la Constituyente Social, donde la CTA junto con otros actores sociales, culturales y políticos incorporamos problemáticas que no están en la agenda de los políticos que gobiernan, en el entendimiento de que el camino hacia la Constituyente Social es una acción estratégica dirigida a construir un nuevo Movimiento Político, Social y Cultural de Liberación, que sea capaz de resolver la desigualdad, la pobreza y la soberanía, recuperando la Argentina para los argentinos.
En suma, después de la insólita decisión de la Legislatura respecto a no resolver la responsabilidad del Estado en la contratación de trabajadores con discapacidad, exigimos -aquí y ahora- el veto del Jefe de Gobierno porteño a esta ley vergonzoza.
Hace pocos días la Legislatura porteña votó la Ley 3230/09 que prorroga la aplicación de la ley del cupo de 5% para trabajadores con discapacidad desocupados.
Esto constituye un cachetazo a miles de compañeros inscriptos en el registro de aspirantes y a otros miles y miles que ignoran ese derecho o que no pueden llegar hasta el registro. Agrede además a los que todavía no pudieron acceder al certificado de discapacidad.
Es una medida brutal porque posterga a uno de los los colectivos más necesitados y relegados por el sistema que exige políticas públicas activas. Pero como se ve, en vez de garantizar sus derechos, se lo prorroga.
Esta medida tiene tufo a corporación política sobreviviente y trasvestida del 2001. Repudiamos a quienes la impulsaron y a quienes votaron a favor, que fueron gobierno u oposición en los últimos años en la Capital Federal.
Da bronca que los autoproclamados “progres” o de centroizquierda que dicen representar al pueblo, hayan votado alegremente junto a la derecha más recalcitrante esta medida proscriptiva con los discapacitados.
Estaban concientes de lo que hacían. Sabían lo falaz de los argumentos esgrimidos y la carencia ética y moral del proyecto que sigue castigando a la población de trabajadores discapacitados.
Hay que ser claros: No es contra los discapacitados especialmente. Esta ley se enmarca en una política de ajuste que se comprueba en el Presupuesto 2010 presentado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estos diputados le dieron el voto a Macri en muchas leyes turbias. La corporación vende, alquila, permuta sus votos.
Nuestra Central porteña marchó el día 5 de noviembre para reclamar y expresar que no puede haber un presupuesto construido en una ciudad para todos, cuando lo que el Gobierno de la ciudad manda es un presupuesto para pocos, un presupuesto restringido a los planes sociales, a los planes de vivienda, a lo que hace a la salud, la niñez y la educación.
Tenemos distintas prioridades con el Jefe de Gobierno y con todo su gabinete. Para la CTA y para el pueblo de esta ciudad, las prioridades son educación, vivienda, salud y trabajo. Allí es donde este gobierno golpea con mayor violencia y descarga todo su prepotencia y presume que nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Este proyecto de ciudad necesita cómplices dentro de la Legislatura. Y están aquellos que hacen discursos progresistas, que dicen tener un compromiso con la ciudad, pero que les vienen votando las leyes a Macri sin chistar.
A esta ley nosotros la vemos desde una perspectiva política. Estamos en un sistema en cuya matriz está la exclusión, la expulsión hacia los márgenes de la sociedad de aquellos a los que se considera no productivos. Es decir, los viejos, los niños, las personas con discapacidad, los migrantes, entre otros. A los que les quebrantaron la salud por superexplotación, por las condiciones laborales o porque manipulan agrotóxicos.
En consecuencia entendemos que esta lucha debe llevarse adelante junto al resto de la clase trabajadora y de las organizaciones sociales.
Debemos mostrarnos y robustecer el espacio que la CTA abrió hace años para trazar una política de la problemática de discapacidad, con el objetivo de accionar por los derechos de los trabajadores discapacitados, cualquiera sea su condición laboral (contratado, precarizado) junto al resto de la clase. Y convocar y articular con las ongs. tradicionales de discapacidad.
Por supuesto que éste es un tema gravitante para plantearlo en la Constituyente Social, donde la CTA junto con otros actores sociales, culturales y políticos incorporamos problemáticas que no están en la agenda de los políticos que gobiernan, en el entendimiento de que el camino hacia la Constituyente Social es una acción estratégica dirigida a construir un nuevo Movimiento Político, Social y Cultural de Liberación, que sea capaz de resolver la desigualdad, la pobreza y la soberanía, recuperando la Argentina para los argentinos.
En suma, después de la insólita decisión de la Legislatura respecto a no resolver la responsabilidad del Estado en la contratación de trabajadores con discapacidad, exigimos -aquí y ahora- el veto del Jefe de Gobierno porteño a esta ley vergonzoza.
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