domingo, 28 de febrero de 2010

Presentan en Río Negro el nuevo certificado de discapacidad

En la oportunidad se dará a conocer el nuevo documento de carácter nacional, que permitirá evitar complicaciones cuando una persona necesite trasladarse a otra jurisdicción.

Cipolletti.- Autoridades del Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad de Río Negro presentarán mañana jueves junto a representantes de organismos nacionales el nuevo certificado de discapacidad que regirá en todo el país. El encuentro se desarrollará en el Centro Administrativo de San Carlos de Bariloche.

La reunión será encabezada por el presidente del Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad, Juan Pablo Benito, y contará con la presencia de la directora del Servicio Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud de la Nación, Dra. Grisel Olivera Roulet; técnicos y profesionales del Organismo Nacional, y representantes de las Juntas Evaluadoras de Discapacidad de la Provincia de Río Negro.

En la oportunidad se dará a conocer el nuevo documento de carácter nacional, que permitirá evitar complicaciones cuando una persona necesite trasladarse a otra jurisdicción. La iniciativa tuvo lugar luego de aunar criterios coincidiendo en la actualización de normas que permitan un certificado único de discapacidad y del protocolo de evaluación y certificación de la discapacidad.

El formato, con reglas difíciles de violar o falsificar, acreditará plenamente la discapacidad en todo el territorio nacional y se podrá constatar su veracidad

El certificado es emitido por la Casa de Moneda, es un papel blanco (2,16 por 3,56 centímetros), con sellos de agua, troquelado de desglose, sin fluorescencia, con barras identificatorias. Contiene apellido y nombres, documento, CUIT o CUIL, fecha de nacimiento, diagnóstico funcional, funciones y estructuras corporales. También contiene actividad y participación, factores ambientales, orientación prestacional, vencimiento, se consigna si necesita un acompañante, lugar y fecha de emisión y firma de tres profesionales que conformaron la junta.


Primer Encuentro Provincial de Instituciones 2010

Por otra parte, el viernes 26 y sábado 27 de febrero se llevará a cabo el primer encuentro del año de las Asociaciones, Ongs, Fundaciones y afines que trabajan en discapacidad en la provincia de Río Negro, en el hotel Pacifico de San Carlos de Bariloche a partir de las 10.

El encuentro contará con la presencia del presidente del Consejo para las Personas con Discapacidad, Juan Pablo Benito; el doctor Pablo Rosales y la licenciada Mabel Remón, disertantes del Instituto Nacional contra la Discriminación y Xenofobia (INADI), coordinadores y profesionales de Juntas Evaluadoras de discapacidad, consejeros zonales y técnicos y profesionales relacionados con la temática.

El evento nucleará a más de 30 Instituciones registradas en el Consejo Provincial que abrirán un espacio de debate y análisis de los procesos de reforma constitucional en el marco de la Convención Internacional de
Derechos de las Personas con Discapacidad.

miércoles, 17 de febrero de 2010

SUBPROGRAMA DE PRÁCTICAS CALIFICANTES

Oportunidad laboral para jóvenes desocupados y discapacitados

Los jóvenes de entre 18 y 24 años que se encuentren desocupados pueden acceder a una práctica laboral durante seis meses para aprender un oficio cobrando una compensación no remunerativa de $ 500.

Esta posibilidad está disponible en el marco del Programa de “Jóvenes con más y mejor trabajo”, que implementan conjuntamente el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Ministerio de Producción y Desarrollo y los municipios de Andalgalá, Capital, Fiambalá, Los Altos, Pomán, Recreo, San José, Santa María, Santa Rosa, Saujil de Tinogasta, Tinogasta, Valle Viejo y Belén.

Para acceder al Programa de Prácticas Calificantes, el interesado debe inscribirse a partir del primero de marzo en la Oficina de Empleo de la municipalidad de su jurisdicción completando una planilla con su perfil laboral. A esa información acceden las empresas inscriptas en el Programa que demandan de mano de obra. Una vez que la empresa selecciona al inscripto, éste accede a una entrevista pre-ocupacional de la que puede resultar elegido para hacer la práctica laboral.

El objetivo de este programa es mejorar la empleabilidad y promover la inserción laboral de los jóvenes desocupados de la provincia, a partir de actividades de capacitación y entrenamiento en puestos de trabajo en empresas privadas.

Los que sí y los que no

Un dato importante a tener en cuenta es que el programa contempla la incorporación de personas discapacitadas con su limitación acreditada, así como a los beneficiarios del Seguro de Capacitación y Empleo.

Los que no podrán participar son los beneficiarios de otros Programas nacionales, provinciales, municipales o de Capacitación Laboral que prevean el pago de ayudas económicas no remunerativas. Tampoco pueden acceder quienes perciben las prestaciones por desempleo previstas en la Ley 24.013 y sus modificatorias, ni prestaciones provisionales o de cualquier naturaleza, salvo la otorgada por ser madre de 7 hijos o discapacidad.

Por su parte, en cuanto a las empresas interesadas en participar, deben estar radicadas en la provincia, cualquiera sea la actividad lícita que ejerzan, siempre y cuando estén inscriptos en Rentas, AFIP, posea personal en relación de dependencia y no haya realizado despidos masivos en los últimos seis meses.

Otro aspecto relevante es que la compensación de $500 destinada al trabajador se compone de tres partes: una parte de $ 225 la aporta la Secretaría de Empleo de la Nación, otra ayuda de $ 50 los integra el Gobierno de la Provincia y el saldo de $ 225 será abonado por la entidad privada responsable del proyecto.

Duración y carga horaria

El programa prevé una duración mínima de un mes y una máxima de seis meses, y cada trabajador tendrá una carga horaria diaria de cuatro horas (20 semanales). De este total, la carga destinada a capacitación no podrá ser menor al 10% en el caso de pymes y del 50% en el caso de grandes empresas.

Por informes y asesoramiento, dirigirse a la Subsecretaría de Promoción de Inversiones, a promociondeinversiones@produccioncatamarca.gov.ar o por teléfono al 03833-4378077/918.

Fuente: Diario C de Catamarca

Escuelas Bonaerenses

Deben entregar condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad

Un juez platense le ordenó al Gobierno bonaerense que informe a una ONG cuáles son las condiciones de accesibilidad para niños con discapacidades motrices en todas las escuelas de la jurisdicción...

La medida fue dispuesta por el titular del juzgado Civil y Comercial Nº 2 de La Plata, Eduardo Silva Pelossi, ante un pedido formulado en 2008 por la Asociación por los Derechos Civiles.
El magistrado sostuvo que la Dirección de Educación Especial de la Dirección General de Cultura y Educación Provincial debe entregarle a la Asociación toda la información requerida sobre las condiciones de accesibilidad para niños/as con discapacidades motrices, de las 15 mil escuelas de la provincia, algo que había negado hasta el momento.

Silva Pelossi obligó a la Dirección de Infraestructura Escolar a producir la información requerida por la entidad. Como consecuencia de esto, la Dirección de Infraestructura confeccionó un cuestionario que fue remitido a 7915 escuelas (esto es, todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires que contaban con servicio de e-mail, alrededor del 50 por ciento del total).

El cuestionario fue respondido sólo por 1074 escuelas. De las respuestas se pudo observar que más del 70 por ciento de las escuelas que respondieron no cuentan con instalaciones adaptadas para el acceso de personas con discapacidades motoras ni cuenta con servicios sanitarios adecuados para personas con discapacidades.

A efectos de contar con la totalidad de la información solicitada la Asociación requirió al juez extender el plazo y ordenar a la Dirección de Infraestructura Escolar que complete el cuestionario con las escuelas que omitieron proveer la información. El juez consideró válido el pedido y así fue que ordenó que en el plazo de 90 días hábiles se entregue la información acerca de las condiciones de accesibilidad de todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires.

Según la legislación vigente, para que una escuela sea considerada accesible a las personas con discapacidades motrices debe contar con "pasillos anchos y ambientes amplios, transitables para sillas de ruedas, bastones o muletas, rampas, ascensores, baños con determinadas características y dimensiones y puertas anchas".DIB)

lunes, 1 de febrero de 2010

Jurisprudencia

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá garantizar accesibilidad en todas las escuelas de la ciudad.
Categoria: Jurisprudencia

La justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a la demanda iniciada por Acceso YA y obliga al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cumplir con la accesibilidad al medio físico en todo establecimiento educativo. A tal fin, el Gobierno deberá, entre otras medidas, presentar en un plazo máximo de 240 días un plan de obras para readecuar las escuelas públicas.

En salvaguarda de derechos esenciales (derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la educación, entre otros) garantizados en tratados internacionales, en la Constitución Nacional y de la ciudad de Buenos Aires, así como de leyes nacionales (Ley 22.431, modificada por Ley 24.314 y decreto reglamentario 914/97) y leyes locales (Leyes 114 y 962 de la ciudad de Buenos Aires) Acceso YA., con el patrocinio jurídico de Pro bono, presentó una acción de amparo contra el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que implemente las medidas necesarias que garanticen accesibilidad en las escuelas tanto públicas como privadas.

Para ello, oportunamente, se aportaron a la causa diversos informes técnicos que determinaron fehacientemente que el 95% de las escuelas privadas y 75% de las escuelas públicas porteñas no cumplen ni siquiera con condiciones mínimas de accesibilidad: no cuentan con rampas de acceso para que ingrese una persona en silla de ruedas, carecen de ascensores y baños adaptados. Situación que deja afuera del sistema educativo a 21.000 niños con discapacidad en edad escolar.

Al hacer lugar a la demanda, la Jueza a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4, Elena Liberatori, respaldó su decisorio en los derechos del niño, la igualdad ante la ley, la no discriminación y en el sistema de protección internacional, nacional y local de las personas con discapacidad.

Es dable destacar, al igual que lo hace la magistrada en los fundamentos del fallo, los análisis y conclusiones a las que arriba el Asesor tutelar interviniente, Gustavo Moreno, quien expresó en su dictamen: “[…] La demandada debe reconocer que tiene la obligación constitucional de lograr la integración de los niños/as con necesidades especiales, los cuales deben desarrollar su vida cotidiana en un ámbito sin las llamadas barreras arquitectónicas urbanas, por ello el Estado tiene la obligación de eliminarlas, o bien si no se puede por ciertos motivos, debe utilizar los elementos mecánicos existentes para salvarlos o franquearlos de acuerdo a la normativa vigente; lo que la Ley Nº 962 denomina adaptabilidad. La escuela debe ser el lugar donde todo niño/a sin importar su condición física desarrolle sus capacidades, ejercien do sus derechos y libertades a fin de crecer y madurar como persona, y no ser bajo ningún punto de vista un lugar donde sus dificultades se vean agravadas por culpa de la Administración que omite cumplir con sus obligaciones establecidas en la ley; tal cual ha quedado plasmado en los presentes autos[…]”, y agrega: “ […] La demandada en lugar de adoptar las políticas públicas …, diariamente los expone a situaciones de discriminación, vulnerabilidad, inseguridad y violación a todos sus derechos humanos, no permitiendo que ellos en sus escuelas realicen sus actividades como cualquier otro niño, sino que al no cumplir con la normativa aplicable al caso convierte a la escuela en un ámbito cruel y desigual. La Administración parece no comprender que para que una ley se cumpla y los derechos humanos se puedan ejercer libremente se necesita e jecutar políticas públicas, asignar presupuesto y tomar la decisión de hacer lo que la ley manda […]”

Si bien el Gobierno de la Ciudad todavía puede apelar – lo que demostraría una vez más lo poco que le importa el cumplimiento de la ley y su obligación de garantizar el derecho a la educación a los niños/as con dificultades motrices-, sin duda este precedente significa un gran avance en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, pues exige el diseño de políticas públicas tendientes a garantizar condiciones de accesibilidad para que todo niño, independientemente de su condición física, pueda acceder a la educación, contribuyendo a la construcción de una sociedad inclusiva, que respete y valorice la diversidad humana.

El expediente se denomina “FUNDACION ACCESO YA c/ GCBA s/ AMPARO”, lleva el número 23728/06” y tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Nro. 4, Secretaría 7, de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la Dra. Elena A. Liberatori.

Fuente: Acceso ya