En la administración pública de la Ciudad Obligan a contratar discapacitados

La justicia porteña ordenó al gobierno de la ciudad que, en el plazo de 60 días, disponga todas las medidas necesarias para cumplir con el requisito impuesto por la Constitución y una ley locales de incorporar una proporción no inferior al 5 por ciento de personas con discapacidad en la planta de empleados de todos los poderes del Estado.La medida fue dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña, al resolver un amparo colectivo presentado por uno de los miembros de la Comisión Pro Bono del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en defensa del interés público.El presidente de esa comisión, el abogado Martín Zapiola Guerrico, informó a LA NACION que -según la última información oficial disponible en el momento de impulsar el expediente- la cantidad de personas con necesidades especiales contratadas sólo alcanza al 0,3% del total. Zapiola Guerrico también dijo que, en audiencias de conciliación convocadas por los jueces, el gobierno porteño no aportó datos actualizados al respecto.¿Qué dice la norma vigente? Por un lado, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 43, "asegura el 5% del personal [puestos públicos] para las personas con necesidades especiales, con incorporación gradual en la forma que la ley determine" y también ordena la "aplicación estricta" de esta disposición en los contratos de concesión de servicios.Por otro lado, la ley porteña 1502/04 estableció el siguiente cronograma de cumplimiento: dio un plazo máximo de cinco años, que vence en noviembre del corriente, y fijó que el primer 2% debía alcanzarse durante los dos primeros años, continuando luego de forma gradual.En todos los casos, sostiene la ley, los postulantes a cubrir un puesto deben acreditar idoneidad para el cargo. Finalmente, la norma crea el Registro Laboral Unico de Aspirantes para concentrar candidatos, como herramienta de consulta de las dependencias públicas.El amparo de la Comisión Pro Bono, que realiza patrocinio gratuito de ONG o impulsa causas directamente como autora, siempre en cuestiones de interés público, fue rechazado en primera instancia. Tras la apelación, la Sala II revocó la sentencia el mes pasado.Los jueces del tribunal Nélida Mabel Daniele y Eduardo Angel Russo consideraron que "el Estado tiene obligaciones positivas y negativas en punto a los derechos de los habitantes [...]" y, "en lo que a la causa interesa", la normativa dispone "una incorporación gradual y un plazo para su cumplimiento que no parece que haya sido respetado por el gobierno de la ciudad".Y dijeron: "La actuación del Poder Judicial, comprobada la violación de un derecho, se ciñe a disponer las medidas necesarias para revertir el proceder contumaz de la administración".El procurador general porteño, Pablo Tonelli, confirmó a LA NACION que el gobierno fue notificado del fallo y que hasta ayer no había decisión sobre si será recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia. "No ponemos en duda que haya que cumplir con un 5% como mínimo. Simplemente, no tuvimos oportunidad de designar hasta ese porcentaje. Recomendaremos a Recursos Humanos para que, en la medida en que una vacante lo permita, se dé prioridad a personas con necesidades especiales", explicó.En tanto, Marina Klemensiewicz, titular de la Comisión de Plena Integración de Personas con Necesidades Especiales (Copine) de la ciudad, el organismo que maneja el mencionado registro laboral, aclaró: "Según el censo de personal, el Poder Ejecutivo cuenta con un 2% de empleados discapacitados, el cupo que hoy exige la ley". Y recordó que también deben cumplir con la exigencia los poderes Legislativo y Judicial. "Lamentablemente, no obtuve respuesta de ninguno de los dos al requerimiento oficial que hice el año pasado sobre el nivel de cumplimiento. La responsabilidad no es sólo del Ejecutivo; deben involucrarse también la Legislatura y la Justicia", señaló.Fuente: La Nación